La transición española, entendida como el período comprendido entre la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975 y la victoria electoral del PSOE el 28 de octubre de 1982, se caracterizó por el paso de un régimen político dictatorial a otro democrático. Este transcurso se encauzó mediante pactos y negociaciones entre las fuerzas franquistas y las fuerzas democráticas. Toda negociación es producto de una relación de fuerzas: el franquismo disponía de todo el apoyo institucional y de una parte de la población, alineada sociológicamente con el régimen; la oposición disponía de la legitimidad democrática, del apoyo internacional y de unas bases muy activas, aunque reducidas. La continuidad del franquismo era imposible y la implantación de una democracia sin contar, al menos, con el sector aperturista del régimen tampoco era factible. De ahí la necesidad de una convergencia entre los sectores franquistas citados y las principales fuerzas de la oposición. Unos basaban su fuerza en el control de las instituciones del Estado, otros en las importantes movilizaciones populares.
Se ha querido presentar este proceso como modélico en cuanto a la transformación de un régimen dictatorial en otro democrático. Tiende a ponerse el énfasis en la capacidad de aquellos líderes políticos para la negociación, pero la Transición distó de ser un proceso ejemplar y pacífico. El grado de violencia política que produjo fue muy superior al ocurrido en Portugal con la Revolución de los Claveles –25 de abril de 1974– y el posterior proceso revolucionario, donde no hubo víctimas mortales; y también fue mucho más elevado que el acaecido durante la caída de la Dictadura de los Coroneles griega el 24 de junio de 1974, donde hubo menos de una decena de víctimas mortales y todos ellos en hechos ocurridos con posterioridad.
Recientemente se ha cuestionado el proceso de Transición democrática, achacándole la culpabilidad de algunos de los problemas actuales de la democracia española. Esta acusación no tiene mucho sentido histórico; exigir más contundencia a las fuerzas democráticas de entonces en los procesos de negociación que se llevaron a cabo es no comprender bien aquella coyuntura histórica. Aunque muy debilitados y con escasos o nulos apoyos internacionales, sectores franquistas recalcitrantes ante cualquier cambio seguían controlando en bastante medida algunos resortes de poder nada despreciables:judicatura, fuerzas del orden, fuerzas armadas, etc., que en ocasiones actuaban con total autonomía del gobierno. Contaban además con otro elemento que impregnaba a muchos sectores sociales españoles: el miedo, miedo a la represión del régimen, miedo incluso a un golpe militar –Tejero y otros en 1981–, y miedo a una nueva guerra civil. Ese miedo impedía que las movilizaciones populares alcanzaran la fuerza suficiente para provocar, por sí solas, la caída del franquismo. La incertidumbre sobre lo que pudiera pasar también favorecía a las opciones moderadas.
Las dificultades de aquella coyuntura histórica se muestran en la extrema violencia que caracterizó el período. Paloma Aguilar e Ignacio Sánchez Cuenca contabilizaron 665 fallecidos a consecuencia de la violencia política entre 1975 y 1981. El desglose de la cifra muestra el origen de estas muertes:
Acción represiva del Estado: 162 fallecidos, un 24 %.
Acciones de grupos terroristas de índole nacionalista: 361 fallecidos, un 54 %.
Acciones de grupos terroristas de extrema izquierda: 67 fallecidos, un 11 %.
Acciones de grupos terroristas de extrema derecha: 57 fallecidos, un 10 %.
Se produjo, por tanto, en la Transición, una confluencia de fuerzas que optaron por la práctica de la violencia política, del terrorismo, con la intencionalidad de modificar o paralizar el proceso político en curso. La represión policial, dirigida por mandos que provenían del franquismo, se orientaba contra la izquierda, y es cierto que agravó los conflictos, pero no fue un elemento impulsor de la violencia terrorista. Los grupos que la practicaban tenían sus propios objetivos, independientes de la acción policial: independencia de algún territorio, reacción a las acciones de ETA o amedrentamiento de la izquierda –en el caso de la extrema derecha–, golpes a las clases dominantes (empresarios, militares, …) por parte de la extrema izquierda. Sus acciones, independientemente de su casuística, contribuían a la inestabilización social y política e impulsaban a las fuerzas moderadas del franquismo y de la oposición a una convergencia que estabilizara el sistema político.
Uno de los ejemplos más paradigmáticos de esta violencia terrorista fue la denominada matanza de Atocha. El 24 de enero de 1977, tres pistoleros de extrema derecha penetraron en un despacho de abogados laboralistas situado en la calle Atocha, número 55 de Madrid. Los miembros de ese despacho estaban vinculados con el sindicato CC.OO. y con el PCE, aún ilegal. El resultado del asalto fue de cinco personas muertas –Enrique Valdevira, Luis J. Benavides, Francisco J. Sauquillo, Serafín Holgado y Ángel Rodríguez– y cuatro heridas. Se trataba de una provocación en toda regla a la izquierda comunista para inducir una reacción que dificultara o imposibilitara su legalización e inclusión en el nuevo sistema democrático.
El contexto de esta terrible acción se inscribe en la reacción de la extrema derecha ante la liberación de Santiago Carrillo. Este se encontraba ilegalmente en España desde febrero de 1976 y había sido detenido en diciembre de ese año y liberado poco después. Días antes del atentado se habían producido dos muertes de personas vinculadasa la izquierda –una asesinada por la Triple A y otra golpeada por un bote de humo en una manifestación–, también había sido asaltado un despacho de la UGT en Madrid que se hallaba vacío en ese momento.
Multitudinario entierro de los asesinados en el despacho de Atocha. Fuente: https://www.reddit.com
La respuesta del PCE y la izquierda en general distó de la esperada por las fuerzas reaccionarias. El entierro de las víctimas de Atocha se convirtió en una multitudinaria manifestación que transcurrió sin incidentes; la solidaridad con las víctimas se extendió por todo el país a través de paros y otros actos. El Partido Comunista mostró su contención y ello favoreció, sin duda, su legalización en la Semana Santa de ese año –9 de abril de 1977–.
Esta vez el gobierno no permaneció impasible ante la matanza. La prioridad para la policía fue la captura de los asesinos; ello era fundamental para dar credibilidad al proceso de democratización que se estaba produciendo. Estos no habían huido, confiando en sus contactos políticos y policiales. La Policía Armada los detuvo pocos días después, desvelándose que todos ellos estaban relacionados con Falange Española o con Fuerza Nueva. Posteriores investigaciones también sacaron a la luz la probable participación de la denominada red Gladio, una organización italiana de extrema derecha.
La matanza de Atocha marcó uno de los hitos de la violencia política durante la Transición. Fue un ejemplo de cómo los sectores más reaccionarios del régimen franquista, aún poderosos,intentaban impedir, por todos los medios, cualquier proceso que condujese a la implantación de una democracia política. Ya hemos visto que no eran los únicos y que otras fuerzas nacionalistas o de extrema izquierda también se empañaban en dificultar ese proyecto. Fue, por todo ello, un proceso complicado que finalmente dio paso a un sistema democrático, imperfecto, sin duda, pero comparable a otras democracias europeas. Fuel el resultado de la relación de fuerzas políticas y sociales existente entonces.
Esta entrada se publicó originariamente el 10 de abril de 2017.
Bibliografía.
Álvarez, L. (2011). Las cloacas de la transición. Madrid: Espasa.
González Sáez, J. M. (2012). La violencia política de la extrema derecha durante la transición española (1975-1982) Actas del III Congreso Internacional de Historia de Nuestro Tiempo. Logroño: Universidad de la Rioja.
Juliá, S. (2014). ¡Todavía la Transición! EL PAIS.
Kornetis, K. (2011). Las transiciones democráticass griega y española en retrospectiva. In C. L. Frías, José Luis; Rodrigo, Javier (eds.) (Ed.), Reevaluaciones. Historias locales y miradas globales. Zaragoza: Institución Fernando el Católico.
Con esta entrada inauguramos una serie que pretenderá analizar la evolución del mapa político español desde la Transición hasta 2019. En esta ocasión estudiaremos la conformación del mapa político español en las primeras elecciones generales democráticas (15/06/1977), en las que ya se marcaron unas constantes que tardarían en desaparecer. Es evidente que el tema electoral es una cuestión que enlaza con numerosos aspectos sociales, económicos y políticos, temáticas sobre las que no podemos profundizar en tan breve espacio, aunque sí señalaremos sus principales imbricaciones.
El contexto
El fracaso del gobierno de Arias Navarro para iniciar las reformas necesarias que condujesen hacia un régimen democrático, impulsó al REy a acometer un cambio de gobierno nombrando a Adolfo Suárez presidente de gobierno (5/7/76)
La primera medida política de calado del nuevo presidente se dirigió a legalizar a los partidos políticos, pues sin su concurrencia no puede existir la democracia. En la España que salía de la dictadura no existía ningún partido democrático y homologable a nivel europeo que fuera legal. Para cumplir este objetivo, el primer paso fue la ampliación de la Ley sobre el Derecho de Asociación Política en junio de 1976 (Ley 21/1976). Poco después, en julio de 1976, Adolfo Suárez modificó el Código Penal eliminando los delitos de opinión política, hecho que suprimía las últimas trabas legales para poder legalizar a los partidos políticos.
A principios de abril de 1977 se habían legalizado 115 partidos políticos. Aunque todavía no lo estaban todos: el Partido Comunista de España fue legalizado algo más tarde, a mediados de abril de ese año, debido a la oposición de los sectores inmovilistas del franquismo y de las Fuerzas Armadas. Aún más tarde se legalizaron los partidos republicanos y de la extrema izquierda, lo que les impidió presentarse a las elecciones. Algunos tuvieron que hacerlo mediante candidaturas independientes, sin sus siglas ni símbolos.
Su segunda gran medida reformista fue la aprobación de la Ley para la Reforma Política por las Cortes franquistas (18/11/1976) y su ratificación en referéndum el 15 de diciembre de ese mismo año; el camino para la implantación de un régimen democrático en España estaba abierto. Lo esencial de esta ley era que hacía posible la convocatoria de unas elecciones democráticas así como la creación de un marco institucional y legal para realizarlas. Aunque la oposición democrática rechazó el proyecto por la desconfianza que les inspiraba Suárez, tras su aprobación en referendum parte de ella decidió cooperar con el gobierno en este aspecto.
En esta ley se establecieron las premisas fundamentales para el desarrollo de las elecciones y el nombramiento de diputados y senadores. Entre las decisiones que luego fueron adoptándose destacaremos:
Sustitución de las Cortes franquistas por un Parlamento bicameral compuesto de dos cámaras, Congreso y Senado, con 350 diputados el primero y 207 senadores elegibles más 41 que eran nombrados directamente por el Rey el segundo.
La elección del sistema D’Hondt como método para asignar los escaños del Congreso. Se trata de un sistema proporcional que tiende a favorecer más a los partidos que ganan en una circunscripción, especialmente en las circunscripciones pequeñas, que también salían favorecidas por el reparto de escaños. Para el Senado se adoptó un sistema mayoritario simple y un mismo número de senadores para cada provincia (4 a excepción de las islas y Ceuta y Melilla).
El número de diputados atribuidos a cada provincia, que fue la circunscripción para las elecciones generales, dependía de la población. Una asignación que ha cambiado poco a lo largo del tiempo. Debido a esa atribución resulta más costoso en votos obtener un diputado en las provincias más pobladas que en aquellas más vacías, que se hallaban sobrerepresentadas en relación con su población. Vamos a explicar esto mediante un ejemplo referido a 2019:
En Girona un diputado “cuesta” 87.400 votos; en Ávila 45.500 votos y en Madrid 137.000 votos.
Por estas razones, un partido con más votos totales a nivel nacional puede tener menos diputados en el Congreso que otro con menos votos totales.
Nuestro interés se centrará exclusivamente en las elecciones al Congreso, por su mayor importancia política. De la multitud de partidos y alianzas que se presentaron, únicamente 13 formaciones obtuvieron representación parlamentaria. El partido ganador fue la Unión de Centro Democrático (34,4 % de los votos), partido creado apresuradamente por Adolfo Suárez y que agrupaba a formaciones y personalidades que podemos calificar de centro-derecha. El segundo partido más votado fue el PSOE (29,3 %), dirigido por Felipe González, que representaba una izquierda moderada en la acción, aunque más radical en el discurso. A mucha más distancia les siguieron Alianza Popular, una formación heredera en parte de los restos sociológicos del franquismo, que estaba dirigida por Manuel Fraga (8,2 %) y el Partido Comunista de España- Partit Socialista Unificat de Catalunya (9,3 %), dirigido por Santiago Carrillo. El otro gran partido nacional, de ideología socialista, el Partido Socialista Popular, de Enrique Tierno Galván, logró el 4,46 % de los votos. De todos estos grupos, solamente dos siguen existiendo actualmente con las mismas siglas: el PSOE y el PNV.
La presencia de partidos nacionalistas en el Parlamento suponía una continuidad con lo ocurrido durante la Segunda República -caso del PNV o de Esquerra Republicana-. Representaban la proyección política del poder social que ostentaban en sus territorios tradicionales del País Vaso y de Cataluña. Fuera de estas regiones, el peso político y social de este tipo de fuerzas era aún muy reducido, aunque su presencia será una constante durante todo el período democrático. En estas primeras elecciones, los partidos nacionalistas –entendiendo por tales los grupos de la derecha nacionalista: Pacte Democràtic per Catalunya, de Jordi Pujol y Unió del Centre i Democràcia Cristiana de Catalunya (3,75 % de votos totales entre las dos fuerzas), y Partido Nacionalista Vasco, de Juan de Ajuriaguerra (1,62 % en el conjunto, pero el 29,2 % en las provincias vascas)–, lograron respectivamente 11 y 8 diputados.
Menor importancia tendrán los grupos de la izquierda nacionalista –Esquerra de Catalunya, de Heribert Barrera (0,79 % y Euskadiko Ezkerra (0.39 %). Así pues, el peso de todos estos grupos nacionalistas alcanzó el 6,63 % de los votos y obtuvo un total de 21 diputados (un 6,0 % de los escaños), En este caso, la correlación entre votos y escaños era correcta.
Totalmente anecdóticos fueron los resultados logrados por los herederos más recalcitrantes e inmovilistas del franquismo: la Alianza Nacional 18 de Julio, coalición de fuerzas de extrema derecha que no logró ningún diputado (0,37 % del voto). Los partidos y alianzas que se podían considerar como de extrema izquierda: el Movimiento Comunista (0.19 %), la Organización Revolucionaria de Trabajadores (0,42 %) y el Frente de Izquierdas (0,67 %) tampoco lograron obtener ningún diputado y sus porcentajes de votos fueron residuales.
La configuración del mapa político resultante.
El mapa político resultante de estas elecciones mostraba los que se ha denominado “un bipartidismo imperfecto” pues dos grandes partidos o coaliciones –el PSOE y la UCD– lograron el 63 % de los votos y el 83 % de los escaños. Como puede deducirse, es evidente que el sistema D’Hondt favoreció a ambos. Las dos fuerzas políticas ocupaban una posición moderada, tendente al centro, escorada hacia la derecha la UCD y hacia la izquierda el PSOE. Precisamente esa moderación evitó un Parlmento polarizado en dos bloques antagónicos
Elaboración propia
Muy alejados de estos dos partidos se hallaban, en cuanto a resultados obtenidos, las formaciones políticas más representativas de las posiciones tradicionales de derecha-izquierda, opciones con programas más acordes con su origen ideológico: la derecha de AP y la izquierda del PCE-PSUC. Es muy posible que estas formaciones recogiesen el voto más concienciado y militante en sus respectivas posiciones; un porcentaje bajo como mostraron los resultados.
También es digno de resaltar la desaparición del mapa parlamentario de las fuerzas más radicales, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda. El resultado de las lecciones propició un Parlamento menos atomizado que el de la Segunda República.
La mayoría de los votantes se situaba en lo que se denomina centro sociológico, tanto en las áreas rurales como en las urbanas. Por ello, se puede afirmar que el electorado optó por las opciones moderadas, aquellas que les conferían mayor seguridad –por el control del Estado una y por el apoyo europeo, principamente alemán, la otra. La seguridad era un elemento importante en aquellos momentos, cuando la democracia se mostraba insegura y el peligro de una regresión autoritaria no estaba descartado; esta misma explicación puede aplicarse a los pobres resultados del PCE, un partido que había liderado la oposición clandestina al franquismo y que no vio recogidos los frutos de ese trabajo. Probablemente, ello se debió a tres factores: el peso de la demonización propagandística llevada a cabo con eficacia por el franquismo, las dificultades para conectar con los sectores más jóvenes y la moderación de su discurso para evitar la amenaza de involución. Tampoco AP logró los resultados previstos; su configuración como partido de la derecha más pura, nutrido con numerosos elementos procedentes del régimen franquista y con un discurso que no supo aproximarse a un ideario democrático, lo distanciaron de la una mayoría de la población que apostaba claramente por la libertad y la democracia.
El resultado supuso un importante respaldo a la idea de una reforma pactada entre el reformismo franquista y las principales fuerzas de la oposición antifranquista. Demostraba igualmente que tanto la ruptura revolucionaria como el inmovilismo franquista contaban con muy escasos apoyos en la sociedad.
